Identificación de desaparecidos entre 1974 y 1983

El EAAF se fundó en 1984 para aportar pruebas a la justicia y dar respuesta a los familiares en la recuperación, identificación y restitución de cuerpos de víctimas del delito de desaparición forzada entre 1974 y 1983. Hasta el momento, recuperó más de 1.400 cuerpos, identificó a más de 800 personas y aportó pruebas en la mayor parte de los juicios de lesa humanidad.

Pese al tiempo transcurrido desde la finalización de gobierno militar, las consecuencias de la desaparición sistemática de personas durante el período 1974-1983 siguen siendo un tema presente en la sociedad argentina. Tenemos en resguardo más de 600 cuerpos de desaparecidos sin identificar y trabajamos activamente para identificarlos, por lo que es muy importante que los familiares de personas desaparecidas que aún no contactaron al EAAF llamen al 0800-345-3236 o nos escriban a iniciativa@eaaf.org.ar. El EAAF atiende cada nueva denuncia sobre posibles enterramientos clandestinos.

Video de la campaña de identificación de restos de desaparecidos dirigido a familiares:

Argentina y las violaciones a los Derechos Humanos

Las sociedades que emergen de períodos de violencia política caracterizada por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, se ven ante la difícil tarea de confrontar su pasado mientras trabajan para prevenir que dichos abusos se repitan. Durante los años 70′ los países de Sudamérica -particularmente Argentina, Bolivia, Brasil y Chile- fueron sacudidos por períodos de intensa violencia y represión. Se cometieron severas y extensas violaciones a los derechos humanos, principalmente por el Estado bajo el control de gobiernos militares.
Al comienzo de los 80′ estos mismos países retornaron a democracia. El rol de la justicia, que fue extremadamente limitado o cómplice con los regímenes anteriores, fue cuestionado y en algunos casos, redefinido. Se vió claramente que la necesidad de mejorar la administración de justicia era crucial para reforzar las nuevas democracias. Con el proceso de democratización, se hizo evidente la inminente necesidad de investigar las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente. Sin embargo, aún cuando en algunos países estas investigaciones culminaron en la condena a los culpables, en otros, diferentes decretos de amnistía permitieron a los responsables eludir sus condenas.
Argentina volvió a la democracia en diciembre de 1983. El nuevo presidente electo, Raúl Alfonsín, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas (CONADEP). La Comisión recibió denuncias sobre la desaparición de aproximadamente 10.000 personas en manos de las fuerzas armadas o de seguridad durante el último régimen militar (1976-1983). Organizaciones argentinas de derechos humanos consideran que el número de las desaparecidos es de 30 mil.
En Argentina, los desaparecidos eran secuestrados y generalmente llevados a un centro clandestino de detención (CCD) donde eran interrogados bajo tortura por varias semanas o meses antes de ser liberados, detenidos como prisioneros “legales” o ejecutados extra-judicialmente. La mayoría de las desapariciones ocurrieron durante los dos primeros años del gobierno militar (1976-1978). Las víctimas de algunos CCDs eran arrojadas, atadas y sedadas, desde aviones militares en el mar argentino; otros CCD ultilizaban los cementerios municipales de todo el país para enterrar a los desaparecidos en tumbas anónimas, como N.N. (ningún nombre). En este último caso, al poco tiempo de ser asesinados, los cuerpos de las personas desaparecidas eran generalmente depositados en lugares públicos y una llamada “anónima” alertaba a las autoridades de la comisaría local. Otra forma de disponer los cuerpos era enterrarlos en lugares fuera de cementerios, generalmente unidades militares o policiales.
En muchos casos, los cuerpos que aparecían en las calles, eran sometidos a los procedimientos habituales: la descripción por escrito del hallazgo, la toma de fotografías, la toma de huellas digitales del cadáver, la autopsia o examen externo del cuerpo. Los profesionales intervinientes firmaban el certificado de defunción para cada uno de los muertos y el registro civil local proveía el certificado de inhumación. La existencia de todos estos documentos sobre el destino corrido por los cuerpos de los desaparecidos es particularmente llamativa si se considera la total clandestinidad en la que se realizó la desaparición de personas. Estos registros, usados en las investigaciones del EAAF, han sido vitales para la identificación de víctimas.

Un estudio realizado por Clyde Snow (fundador del EAAF) y Maria Julia Bihurriet en 1992 sobre datos de entierros de N.N. en cementerios municipales de la provincia de Buenos Aires entre 1970 y 1984 demostró que las características de la población de N.N. durante la última dictadura militar diferían de las características de tal población inscripta con anterioridad a 1976. Durante la dictadura militar, en el período 1976-1983, Snow y Bihurriet encontraron una serie de cementerios en los que había un aumento estadísticamente significativo en la cantidad de entierros de N.N., comparados con los registrados en los años anteriores al régimen militar. También hallaron que en esos cementerios un alto porcentaje de la población de N.N. respondía a un perfil diferente del habitual, compuesto por personas mayores, en su mayoría hombres, cuyas muertes obedecían a causas naturales. En cambio, este nuevo grupo estaba conformado en general por individuos más jóvenes (en su mayoría, de 20 a 35 años), muertos por causas violentas o dudosas, y que a menudo no habían sido llevados al cementerio de a uno sino en grupos. Asimismo, se registraba un aumento importante en el porcentaje de mujeres. Este perfil coincide con el de la población de desaparecidos y permitió que el EAAF pudiera catalogar a estos restos como “correspondientes, en un alto porcentaje de probabilidad, a personas desaparecidas”. No obstante, que el EAAF determine que tales restos corresponden potencialmente a desaparecidos no significa que se esté en condiciones de asociar dichos restos a un individuo específico. Para ello es necesario hacer un proces identificatorio integral en cada caso.

El regreso de la democracia

En 1984, durante los primeros meses de la democracia, varios jueces empezaron a ordenar exhumaciones en cementerios en donde se conocía la existencia de enterramientos de personas desaparecidas. Familiares de personas desaparecidas asistían a estas exhumaciones con la esperanza de encontrar los restos de sus seres queridos. Pero, estas exhumaciones fueron conflictivas en varios sentidos. En primer lugar, los médicos oficiales a cargo del trabajo tenían poca experiencia en la exhumación y análisis de restos óseos; en su práctica profesional trabajan habitualmente sólo con cadáveres. En los casos de desaparecidos, estas primeras exhumaciones fueron llevadas a cabo por trabajadores del cementerio de una manera completamente a-científica. En particular, cuando se usaron palas mecánicas, una parte importante de los huesos que forman el esqueleto se rompieron, se perdieron, o se dejaron en la fosa; también, se mezclaron los restos de distintos individuos. Lo mismo sucedió con la evidencia asociada a los restos tales como proyectiles de arma de fuego, efectos personales, etc. Como resultado, se destruyeron parte de los elementos necesarios no sólo para identificar los restos, sino también para apoyar los procesos legales contra los responsables de estos crímenes. Además, algunos de los médicos forenses habían sido cómplices de los crímenes del régimen anterior, ya sea por omisión o comisión. En Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, los expertos forenses son parte de la policía y/o el sistema judicial. Por lo tanto, durante períodos no democráticos su independencia se ve severamente limitada. Por todas estas razones, fue necesario encontrar una alternativa científica a estos procedimientos para dar respuesta a la Justicia, pero sobre todo a las familias.
La localización de los restos de los “desaparecidos” implica una extensa investigación histórica, que incluye el análisis de documentos burocráticos y la realización de entrevistas con los sobrevivientes, entre muchas otras tareas. Este extenso trabajo es necesario debido a la naturaleza compleja y clandestina particular de la represión en Argentina.
Así es, como en 1984, gracias a la iniciativa del Dr. Clyde Snow, se crea el EAAF como una asociación científica, sin fines de lucro, con el objetivo de aplicar una metodología científica multidisciplinaria en la recuperación y análisis de los restos óseos.
La tarea del EAAF puede ser explicada como el desarrollo de diferentes fases, todas relacionadas. La llamada investigación preliminar (se trabaja con fuentes escritas y orales que nos permitan determinar el que, cuándo, quién, cémo y por qué una persona desaparece; a la vez, se entrevistan a familiares para recuperar la llamada información ante mortem y muestras genéticas); la recuperación arqueológica de los cuerpos y la evidencia asociada a ellos (como proyectiles de arma de fuego); y el análisis multidisciplinario de laboratorio , donde se determina la identidad de la persona y la causa de muerte.

Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID)

En el año 2007 se lanzó la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID) con el objetivo de aumentar sustancialmente las identificaciones de los restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de análisis de ADN. La constituyeron tres organizaciones no gubernamentales que aplican las ciencias forenses a la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidas en América Latina: la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).

La sección que se desarrolló en la Argentina estuvo bajo la ejecución del EAAF y abarcó tres áreas principales: 1) el análisis genético escalonado de los restos que se encuentran bajo la custodia del EAAF, y la recolección y análisis genético masivo de muestras de sangre de familiares de desaparecidos; 2) el equipamiento y la capacitación para poner en marcha el Laboratorio de Genética Forense del EAAF en la Argentina; 3) la exhumación de restos de desaparecidos y su análisis forense a cargo del EAAF.

Para poder cumplir con estos objetivos, el EAAF firmó un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Salud para asegurar que los donantes de sangre fueran familiares de los desaparecidos a los que apuntaba la Iniciativa, establecer centros de donación de sangre en todo el país, garantizar la cadena de custodia de las muestras y asegurar que la toma de muestras se hiciera en el transcurso de unos pocos meses. El principal objetivo de este acuerdo fue coordinar esfuerzos para la creación de el Banco de Datos Genéticos de Víctimas de Desaparición Forzada entre 1974 y 1983. Además, el EAAF fue autorizado a tomar las muestras óseas por las Cámaras o Juzgados Federales en cuya jurisdicción se recuperó cada esqueleto.

Luego de varios años de trabajo, el EAAF ha recolectado mas de 11.500 muestras de sangre, su laboratorio de genética forense funciona en la provincia de Córdoba, y ha podido aumentar a 813 el numero de cuerpos identificados.

En cuanto al ámbito de la justicia el EAAF siempre actúa en calidad de perito en los tribunales locales. A lo largo de sus 36 años de trabajo en el país, el Equipo ha sido testigo de c ambios en el uso de estas pruebas en los tribunales con fines de enjuiciamiento. En un principio, la evidencia aportada por el EAAF fue usada en los juicios contra los miembros de la Junta Militar y otros oficiales de alto rango que se celebraron entre 1985 y 1987. En el año 1987 se sancionaron las leyes de impunidad, que puso fin a la mayoría de las causas abiertas por entonces hasta la llegada del año 2005, cuando dichas leyes fueron anuladas por el Congreso y la Corte Suprema de la Nación. A partir de allí se abrieron o reabrieron más de mil procesos judiciales y en muchas de estas causas, la labor del EAAF ha servido como evidencia científica de los crímenes contenidos y colaborado con las condenas a los perpetradores.