Desde la década del setenta, El Salvador atravesó un intenso enfrentamiento interno que escaló a una guerra civil entre la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1980. Ese proceso tuvo fin en 1992 con un acuerdo de paz mediado por Naciones Unidas. En esos años murieron alrededor de 80.000 personas, en muchos casos los habitantes de poblados enteros fueron asesinados. El acuerdo incluyó la apertura de una Comisión para la Verdad para documentar los abusos cometidos durante los años del conflicto.
nicio del trabajo
El EAAF inició el trabajo de campo en El Salvado octubre de 1992, luego de los Acuerdos de Paz, a partir de una convocatoria de organizaciones como Tutela Legal y Asociación Pro Búsqueda; de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) y posteriormente de la Comisión Nacional para la Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado salvadoreño (CNB). Desde entonces, el EAAF realiza un trabajo permanente en la coordinación de numerosas investigaciones forenses.
Estos casos involucran ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de las fuerzas armadas. Además, el EAAF brinda asesoramiento y capacitación técnica en el ámbito del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, donde se constituyó una Unidad de Antropología Forense.
Masacre de El Mozote
Según las investigaciones realizadas por distintas fuentes, el Ejército salvadoreño asesinó aproximadamente a 1.000 civiles que vivían en el caserío de El Mozote y otros cinco caseríos aledaños, en el departamento de Morazán, convirtiéndose en una de las masacres más grandes de América Latina contemporánea. Los resultados del trabajo forense realizados por el EAAF en 1992 fueron incorporados en el Informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador (1992-1993). Se recuperaron 143 equeletos, de los cuales 131 corresponden a niños menores de 12 años. El trabajo en el caso de El Mozote se retomó en el año 2000. La Corte Interamericana de Justicia, en su fallo en el año 2014, incorporó las conclusiones del trabajo forense del EAAF.
En el año 2016, con la derogación de la Ley de Amnistía, se reabrió la posibilidad de realizar investigaciones en el marco de procesos penales ante la justicia nacional. En este nuevo contexto, el EAAF retomó la investigación de la masacre de El Mozote con el rol de monitor de las exhumaciones ordenadas por la justicia de El Salvador, llevadas a cabo por personal del Instituto de Medicina Legal (IML).
En 2018 tres antropólogas del EAAF declararon en la causa reabierta contra parte de los perpetradores de la masacre. En el año 2019 la justicia nacional nuevamente solicitó al EAAF monitorear la exhumación llevada a cabo por el IML de 11 adultos y niños víctimas de una explosión de granada en el Cerro Ortiz, lugar donde se inicia la Masacre de El Mozote y en donde aún no se habían realizado exhumaciones. Los restos se transfirieron al laboratorio de IML y el análisis forense se realizó bajo la supervisión de EAAF.
Masacre de El Calabozo
La masacre de El Calabozo sucedió entre el 17 y el 25 de agosto de 1982 en el departamento de San Vicente y, según el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas sobre el conflicto armado, “existen pruebas suficientes de que el 22 de agosto de 1982, efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de doscientos civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin resistencia”. Hasta el año 2018 no había sido posible documentar ningún sitio de entierro de víctimas de la masacre de El Calabozo. Entonces, miembros del EAAF viajaron a El Salvador por solicitud de las ONG Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y CRISTOSAL, que promueven la investigación penal de la masacre y la exhumación e identificación de restos de 6 víctimas inhumadas en una fosa común. Los restos fueron identificados y restituidos a sus familiares.
El EAAF intervino además en la investigación de la masacre de El Barrio (18/4/1982), la masacre de La Quesera (20-24/10/1981) y el Caso Rochac (12/12/1981), entre muchas otros.
Leyes de Amnistía y nuevos trabajos
La promulgación de la Ley de Amnistía General, en 1993, frenó la investigación y el enjuiciamiento de muchas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil. El EAAF retomó el trabajo en el año 2000 y articuló con otras ONG, como el Comité por los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Desde entonces ha llevado adelante exhumaciones, apelando a razones humanitarias, para la identificación y restitución de restos de víctimas del conflicto a sus familias.
Con el apoyo de FOAR y MISEREOR, a partir de 2011 el EAAF desarrolló una propuesta de trabajo de dos años en 4 etapas en relación a la investigación antropológica forense de casos de muertes ocurridas durante el conflicto armado por un pedido asistencia técnica presentado por la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos de El Salvador y el Centro de Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec (CPDH) en representación de los familiares de las víctimas, y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
El proyecto contempló dos etapas de campo y laboratorio de un mes de duración, para la exhumación arqueológica de restos óseos humanos, análisis de laboratorio y toma de muestras para cotejos genéticos de aproximadamente 50 casos. Las muestras, tanto óseas como sanguíneas, fueron trasladadas al Laboratorio de Genética Forense del EAAF en Argentina para el cotejo genético y las identificaciones.
En el proyecto participaron médicos del Instituto de Medicina Legal de El Salvador IML y estudiantes de la Carrera de Antropología de la Universidad de El Salvador, con quienes se avanzó en su formación en el área de la Antropología Forense para fortalecer la capacidad técnica local.
En enero de 2012, miembros del EAAF viajaron a la ciudad de San Salvador para colaborar en la investigación antropológica forense de casos de muertes ocurridas durante el conflicto armado por otro pedido asistencia técnica presentada por la Asociación Pro-Búsqueda, el Centro Madeleine Lagadec y Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, en representación de los familiares de las víctimas, y con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
Durante el desarrollo del trabajo se avanzó en la formación de los profesionales locales del Instituto de Medicina Legal. También se continuó con las jornadas informativas para operadores de justicia de todo el país en las ciudades de San Miguel, Santa Ana y San Salvador. Además, el EAAF prestó asesoramiento técnico en relación al proyecto de “Censo de Víctimas” propuesto por El Salvadora junto a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña.
En 2013 se realizó un proyecto de investigación de casos presentados por dos ONG: Tutela Legal y Pro Búsqueda, así como por la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas durante el conflicto armado interno (CNB) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABUSQUEDA ).
Hasta la actualidad el EAAF interviene en los casos de niños desaparecidos que murieron en el contexto del conflicto armado y en 2023 exhumó e identificó al ciudadano uruguayo Jorge Eduardo Rosado Galarza, cuyos restos fueron repatriados a supaís.en El Salvador en febrero de 2023
Proyecto Frontera
Además, El Salvador es uno de los países que forma parte del Proyecto Frontera, liderado por el EAAF. Se trata de una iniciativa que surge para abordar la crisis de migrantes desaparecidos a lo largo del corredor migratorio comprendido por los países de Centroamérica, México y EE.UU. El Proyecto tiene por objetivo la creación de un Mecanismo Regional que mejore significativamente la búsqueda de migrantes no localizados o desaparecidos entre restos no identificados a través del intercambio regional de información forense y el mejoramiento y la adopción de buenas prácticas forenses.
Una de las herramientas principales del Proyecto incluye la conformación de Bancos de Datos Forenses de Migrantes Desaparecidos o No Localizados. En el caso de El Salvador, el Banco Forense inició sus tareas en agosto del año 2010 y está formado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE), la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y el EAAF. Un total de 84 personas han sido identificadas por este banco hasta diciembre de 2025.
Capacitaciones y políticas públicas
Desde hace más de 20 años el EAAF ha trabajado para fortalecer la capacidad forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de la Corte Suprema de Justicia, donde se constituyó una Unidad de Antropología Forense. Además, en 2017, miembros del laboratorio de genética forense del EAAF dictaron un curso especializado de una semana a profesionales del IML sobre métodos, protocolos y estadísticas en la identificación de personas desaparecidas. El curso incluyó clases prácticas sobre técnicas de extracción de ADN. Por otra parte, entre 2017 y 2019 profesionales de El Salvador fueron seleccionados para participar de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Forenses y Derechos Humanos es una formación que ofrece entrenamiento teórico-práctico en disciplinas involucradas en investigaciones forenses.
