Guía forense para la investigación, recuperación y análisis de restos óseos

La Guía Forense para la Investigación, Recuperación y Análisis de Restos Óseos se realizó en el contexto del Proyecto Promoviendo Justicia para las Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas en Colombia, Perú y Guatemala, a cargo de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en sociedad con Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Colombia) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para promover la reparación y la rendición de cuentas en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Para los capítulos en Guatemala y Perú, ha contado con la colaboración de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).

Es importante aclarar que más allá de las semejanzas generales de los tres países, la búsqueda de personas desaparecidas se ha desarrollado por caminos diferentes. En algunos casos con una fuerte presencia del Estado (como en Colombia, y en menor medida en Perú); en otros, como Guatemala, la ausencia del Estado es casi total. Al mismo tiempo, cabe destacar que los procesos de búsqueda en los tres países no han sido lineales. En el caso de Colombia, tuvo lugar durante el conflicto interno; mientras que en Guatemala y en Perú comenzó una vez finalizada la violencia (en 1992 en el primero, en 2002 en el segundo).

Objetivo

El objetivo de la guía forense es brindar una herramienta práctica y sencilla para aquellos casos que impliquen la investigación, recuperación y análisis de restos óseos con fines de identificación y de determinación de causa de muerte, en contextos de violaciones a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario.

Muy frecuentemente, estos casos son asumidos por las instituciones del Estado encargadas de trabajar con casos criminales ordinarios comunes o desastres masivos, lo que lleva a errores en las diferentes etapas de la investigación. Por eso esta guía se enfoca en casos complejos; cuando el victimario no es una persona individual sino agentes del Estado, grupos paraestatales o grupos insurgentes.

La guía no tiene por objetivo sustituir los manuales sobre el tema elaborados por cada institución ni los libros de texto académicos, sino servir de protocolo común de actuación a todos los organismos que realizan tareas forenses, a nivel oficial y no oficial, en Colombia, Perú y Guatemala.

Es importante destacar que estos tres países tienen una tradición forense dedicada a este tipo de casos de más de 20 años, por lo cual mucho de lo que se menciona en el documento es práctica cotidiana dentro de sus áreas forenses.

La guía fue pensada para diversos públicos. Por un lado, abogados, jueces, fiscales, policías y forenses; pero también para familiares de las víctimas y las asociaciones que los agrupan. Debido a que el público es heterogéneo, se utilizó un lenguaje simple, sin tecnicismos ni palabras complejas.

La guía está basada en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), pero se dedica especialmente a los aspectos forenses y a los casos que involucran restos óseos, no cadáveres frescos o en descomposición.

La guía apunta a señalar los elementos mínimos de la investigación en cada una de las etapas, sin pretender agotar todas las posibilidades. Así será más fácil para las instituciones que la apliquen lograr consensos sobre metodologías de trabajo y formularios comunes, como también adaptarla a su contexto particular.

Esta guía, de alguna manera, refleja 35 años de práctica forense constante en Latino América. Casos complejos, diferentes sistemas judiciales, y una intermitente interacción con los agentes del Estado encargados de las investigaciones, esto es, abogados, jueces, fiscales, policías y forenses.

Las familias

Se ha tenido en cuenta también la perspectiva de los familiares de aquellos afectados por la violencia, su constante lucha por Verdad y Justicia, y las prácticas que han debido desarrollar a lo largo de los años para interactuar con instituciones reacias a desarrollar una investigación pronta, independiente y eficaz.

La participación de los familiares durante el proceso de investigación también es una temática que ha avanzado en los tres países, con diferencias de acuerdo con el contexto. Por lo que también es el propósito de esta guía generar el conocimiento y el intercambio entre dos sectores que habitualmente están separados y enfrentados: los operadores de Justicia y las familias de las víctimas. Pero sin duda, el trabajo constante de las organizaciones de Derechos Humanos ha sido el principal motor para movilizar a los Estados a investigar y perseguir penalmente a los responsables de los crímenes bajo investigación. Esto es especialmente claro en los tres países.

En muchas ocasiones se habla de la “participación” de los familiares en estos procesos, sin mencionar específicamente que significa esa participación. Nuevamente, las practicas ha sido diversas, pero a nuestro entender, el aporte de los familiares y las organizaciones que los nuclean debería ser en la mesa donde se decide políticamente el tipo de mecanismo a ser utilizado en las búsquedas, y su implementación.

No creemos que las tareas de recuperación de cuerpos o de toma de datos ante mortem deban recaer en los familiares, pero sí estar enterados de cómo se desarrollará el proceso legal y técnico, podes hacer consultas, acceder a los reportes forenses, poder preguntar a los peritos intervinientes, refutar con sus propios peritos si no están de acuerdo, y disponer como ellos quieran de los cuerpos. Sin duda, ver a los familiares como pasivos dadores de datos ante mortem, es un error muy frecuente.

La violencia y sus consecuencias

La violencia que imperó en Latino América en los últimos 60 años dejó como uno de sus saldos más evidentes y negativos la desaparición y muerte de miles de personas. Desde México a Argentina y Chile, esa violencia fue expresada de diferentes maneras, típicamente por dictaduras militares que tomaron el poder derrocando a gobiernos legítimamente elegidos (Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Guatemala, entre otros) pero también gobiernos civiles las ejercieron (México, Colombia y Perú).

Con el retorno de la paz y la vida democrática, la búsqueda, recuperación y análisis de los cuerpos se tornó un elemento clave en la transición a la democracia. Los familiares de aquellos desaparecidos y muertos por la violencia fueron un factor clave para que los nuevos gobiernos se movilizaran e investigaran. Las llamadas “Comisiones de la Verdad” y la actuación de la Justicia fueron los mecanismos básicos que la región implementó con tal propósito. A su vez, tanto un sistema regional de Justicia, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sus investigaciones y sentencias cumplieron un rol fundamental en el proceso.

Desde el punto de vista forense, la situación también implicó nuevos mecanismos. La falta de credibilidad en muchos de los países de los peritos forenses del Estado sumado a su falta de capacidad para trabajar con cuerpos esqueletizados, hizo que surgieran iniciativas forenses fuera del Estado, como el EAAF, la FAFG, el EPAF, y otras en Chile, Uruguay, Colombia y México.

Con el paso del tiempo, una práctica forense desligada de los deseos, necesidades y derechos de los familiares de las víctimas se tornó en una tarea que incorporó un carácter “social”, dándole credibilidad y transparencia a procesos que carecían de estos componentes esenciales.

Es en este contexto que en 1991 surge el llamado Protocolo de Minnesota (Protocolo Modelo para la Investigación Legal de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias-1991), creado por un grupo de abogados y forenses reunidos por la Universidad de Minnesota y aprobado por las Naciones Unidas. Dicho protocolo, actualizado en 2016, describe las prácticas mínimas para investigaciones sobre casos que se comenzaban a investigar en la región.

En el año 2020, varias décadas desde los hechos sucedidos, aún se sigue investigando y buscando a los desaparecidos y muertos en varios países de Latinoamérica, especialmente en Colombia, Perú y Guatemala. La experiencia acumulada y los logros obtenidos son importantes, en algunos casos han servido para modelar tipos de actuación en otras partes del mundo con fenómenos de violencia similares.

No obstante, aún faltan miles de personas por encontrar y se hace necesario que los encargados de investigar y de administrar Justicia cuenten con herramientas prácticas comunes, como esta Guía, que permitan mejorar las investigaciones, y dar respuesta a los familiares.