Algoritmos y bases interactivas, las nuevas iniciativas para buscar personas desaparecidas

“Hay una sorprendente falta de sistematicidad en recolección de los datos de personas desaparecidas y de personas encontradas sin identificar” en el país, comenzó contando a Télam el antropólogo investigador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Carlos “Maco” Somigliana, en el marco de una reunión de trabajo realizada a fines de abril, por el convenio de colaboración que en diciembre pasado firmó el organismo con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) -excepto Provincia de Buenos Aires-, para promover el intercambio de información forense que permita la identificación de personas que hayan sido inhumadas sin identificar desde 1980 hasta el presente; con el objetivo de reunir y sistematizar la información para “construir una base de datos forense con fines identificatorios”, que servirá tanto para casos ya iniciados como para futuros casos.

 

En la actualidad, “no hay un número cierto de personas desaparecidas y de personas halladas por el Estado que no hayan sido identificadas”, agregó, e hizo hincapié en que, además es necesario saber quiénes son las personas buscadas y si hay vigencia en la búsqueda, porque “muchas de ellas aparecieron y esto no se anotó”.

No obstante, aclaró que, si bien se piensa que “‘el Estado tendría que hacerse cargo’, que es cierto, también hay que pensar el cómo y hasta dónde puede hacerlo sin avasallar otras cuestiones. Tiene que tener mucho control. Que una persona esté siendo buscada, no quiere decir que quiera ser encontrada. Es muy aconsejable que actúen otros actores aparte del Estado”, advirtió.

A su vez, existe un problema respecto a las personas encontradas porque “todo está cuadriculado por la jurisdicción”, subrayó Somigliana.

El sistema al que aspiran EAAF y JufeJus tiene como premisa ser una herramienta “sencilla” donde puedan volcarse los datos de los expedientes judiciales y puedan cruzarse datos de todo el país. No obstante, este tipo de sistemas “son pocos” en Latinoamérica, aclararon.

Por otra parte, destacaron que para investigar “la clave está en la causa, no en el cementerio”, porque ésta incluye información del cementerio, pericias, elementos asociados al hallazgo, información de la huella digital, y a dónde fue esa huella.

“Cuando una persona es encontrada y no tiene huellas, va al cementerio, donde -los restos- permanecen cuatro o cinco años, dependiendo de la reglamentación del municipio donde esté ubicado. Luego, si no hay una orden judicial de ‘no innovar’ que diga que ‘no lo manden a osario’ -una fosa común llevan a todos los restos exhumados de NN-, que tendría que haber en estos casos, lo mandan a osario. Si no guardaron las muestras, -que en su mayoría no las guardan-, la última posibilidad de identificar a esa persona se perdió en el cementerio”, explicó el investigador.

Aún así, “el problema no es del cementerio -resaltó-, aunque sea el último eslabón, sino de la falta de sistema”.

En la actualidad, se hace “con deficiencias con personas que tienen huella digital”, pero “el sistema es el mismo que hace 50 años y el ADN se está usando de manera limitada”, cuestionó el antropólogo.

Por su parte, la médica forense del Poder Judicial de Tierra del Fuego, Inés Aparici, quien coordina el proyecto en Jufejus, rescató que “en algunas provincias se están iniciando trabajos de investigación, pero son iniciativas muy recortadas y aisladas”.

En tanto, la antropóloga del EAAF, Mariana Segura, explicó que necesitan un sistema para poder investigar porque, por más de que los fiscales sean muy comprometidos, “se van topar con un muro que no pueden cruzar solos”.

“Ante un caso, el fiscal se da cuenta que tiene que ir fiscalía por fiscalía, preguntando ‘¿vos tenés una persona desaparecida?’, y que tiene que tocar 200 timbres -ampliando cada vez más la zona de búsqueda-“, completó Segura.

Luego de cinco meses de haber firmado el convenio -feria judicial mediante-, el EAAF y Jufejus ya realizaron el relevamiento de las provincias con capacidad de disponer, en sus cuerpos forenses, de la estructura necesaria para poder dedicarse a esta tarea de pesquisa sobre los expedientes judiciales -explicó Aparici- y ya son 9 las que confirmaron su participación.

“No todas tienen recursos para destinar a esta tarea. Un integrante -o más- del equipo forense va a tener que trabajar de forma coordinada con el Superior Tribunal de esa provincia y con los tribunales que intervinieron en los casos”, completó.

A partir de esos expedientes determinarán qué buscan y cuáles serán las variables a trabajar y recopilar.

Entre las variables, el EAAF propuso detallar: expediente, juez, fecha y lugar (para trazar a dónde deberán informar los hallazgos). También, sexo y edad aproximada, huella digital presente o ausente, la calidad de la huella, presencia de tatuajes y prótesis, entre otras.

La idea que tienen es empezar con los casos de personas aparecidas no identificadas, porque “son casos indudables”, precisó Somigliana, y explicó que “una huella digital es una variable de identificación directa punto a punto, con la que se puede identificar una persona. La otra variable es el ADN, y en determinadas jurisdicciones estas muestras se empezaron a guardar hace muy poco”.

“Aunque tengamos la mejor tecnología del mundo, como el ADN, no sirve porque lo que no podemos lograr es que se arme una página web en donde estén todas las personas buscadas”, concluyó Segura.

Por su parte, el biólogo e investigador de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz), Franco Marsico, que desarrolla herramientas para búsqueda de personas desaparecidas, basándose en la formalización jurídico matemática y el desarrollo de algoritmos para establecer una dialéctica entre la evidencia genética y no genética, dijo a Télam que, en los casos donde hay mayor cantidad de datos, es posible implementar algoritmos para optimizar la toma de decisiones y crear bases de datos.

“Si hay restos humanos y un conjunto de personas que están buscando una persona desaparecida, la genética puede colaborar un montón”, definió, porque “permite establecer un vínculo entre ese cuerpo de la persona desaparecida y sus familiares biológicos, siempre que los haya”.

Sin embargo, a lo largo de su trabajo analizó también “las limitaciones del ADN” para llegar a una identificación en contextos donde es necesario incorporar líneas de evidencia y combinarlas con el ADN.

“Para aplicar algoritmos tiene que partirse de un estadío avanzado en la búsqueda que es, al menos, tener constituida una base de datos de personas buscadas y de personas que no han sido identificadas”, precisó el biólogo.

Asimismo, cuando entran en juego el uso de grandes volúmenes de datos, es necesario tomar decisiones y la ciencia forense presenta problemáticas, como “errores de tipeo en las bases de datos que pueden derivar en grandes complejidades en la toma de decisiones final” hasta en la resolución del caso y, si las decisiones no están documentadas o no son trazables, puede derivar en que un juez diga ‘no encontramos a esta persona, cancelamos una búsqueda’ o ‘no generamos una exhumación en un cementerio'”, advirtió.

Además de considerar la posibilidad de errores y documentar el proceso de toma de decisiones en bases de datos, Marsico sugirió “empezar a plantear qué cosas se pueden hacer cuidando la información personal de los individuos para poder agilizar y generar datos útiles para la búsqueda, mediante herramientas de código abierto, trazables y con medidas judiciales y leyes que reglamenten su uso para “intentar resolver el problema de falta de información”.